La formación de los trabajadores de una empresa es un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico español. Todos los empleados tienen derecho a la promoción y formación profesional en el trabajo, aunque el desarrollo se realiza según convenio.
Las empresas cuentan con un crédito anual para formación, con cargo a las cuotas de la Seguridad Social, y que se financia con la cantidad que cada mes se descuenta de la nómina de los trabajadores en concepto de “formación profesional”.
Las compañías solo podrán denegar este derecho por escrito, alegando causas organizativas o de producción. En caso contrario, están obligadas a ofrecer a sus empleados todas las garantías necesarias para hacer efectivo este derecho.
Los trabajadores disfrutarán de permisos para realizar exámenes oficiales, así como preferencia para elegir turno; los empleadores adaptarán la jornada laboral para permitir la asistencia a cursos presenciales; la concesión de permisos para formación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo es también obligada, como la garantía de la formación necesaria para adaptarse a cambios en el puesto de trabajo. Por su parte, los trabajadores con al menos un año de antigüedad tienen derecho a un permiso retribuido de 20 horas anuales de formación vinculada al puesto de trabajo, acumulable por un período de tres años.
Un aprendizaje continuo y la adaptación a los cambios que se producen en el mercado laboral es beneficioso tanto para el trabajador como para la empresa. El resultado de la formación profesional es empleados mejor cualificados y notables mejoras en la producción y la competitividad de la compañía.
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